Ecologistas en Acción
La Plataforma para Salvar la Bahía de Castro Urdiales, a la que pertenece Ecologistas en Acción de Cantabria, califica como decepcionante la reunión mantenida el pasado 11 de agosto con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, Sr. Jose María Mazón, para tratar el tema de la ordenación de la bahía.
La Consejería de Obras Públicas mostró su persistencia en mantener un proyecto contrario a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía castreña. La asociación presentó una alternativa de ordenación de la bahía mediante una intervención mínima, técnicamente viable, y sostenible desde el punto de vista ambiental y económico.- Alternativa de Ordenación
Resultó especialmente decepcionante la pertinaz insistencia de la consejería en intentar imponer nuevamente su modelo de puerto deportivo, a pesar de la fuerte contestación social que genera y en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía castreña expresada a través de la resolución del pleno del Ayuntamiento del pasado 13 de julio, aprobada con el voto de todos los partidos representados a excepción del propio partido del Sr. Mazón.
Igualmente incomprensible es el hecho de que la resolución municipal haya sido recibida con indiferencia y desdén, planteando la situación como si de un conflicto de legitimidades democráticas entre el Parlamento Regional y el consistorio castreño se tratase, y que tenga que ser un grupo de ciudadanos quienes recuerden al titular de la consejería la necesaria y obligada colaboración entre instituciones dentro del marco legal y competencial de cada una de ellas. Llama poderosamente la atención que, tras los sonados fracasos de sacar adelante su proyecto (2001, 2004 y 2010), la única respuesta que parecen capaces de ofrecer en la consejería del Sr. Mazón sea la de retocarlo ligeramente para intentar volver a endosárselo a una ciudadanía cada vez mas harta de las esperpénticas soluciones ofrecidas por el Gobierno Regional.
Tal parece que la única voluntad de la consejería de Obras Públicas no sea la de ofrecer soluciones acordes a las necesidades y usos del puerto castreño, sino la de adjudicar a toda costa una obra de gran envergadura y coste en el puerto de la ciudad, lo que no hace sino alimentar la sombra de la sospecha acerca de los intereses económicos que pudieran ocultarse tras el proyecto de reordenación del frente marítimo-terrestre.
Resulta especialmente preocupante que, existiendo una alternativa mucho más económica, técnicamente viable, y que no supone una intervención agresiva con el paisaje y el medio natural, el ejecutivo regional se empecine en imponer un modelo que no sólo ignora los preceptos de la Ley de Economía Sostenible, sino que desafía a la lógica y al sentido común de los tiempos de crisis económica que venimos padeciendo y que deberían servir para replantear seriamente los criterios de inversiones desproporcionadas, abandonando políticas de crecimientos urbanísticos desmesurados (ya sean en tierra o en el mar) que nada tienen que ver con las necesidades reales de desarrollo económico y social.
Pero si hay un aspecto especialmente irritante es el retraso “sine die” de la reparación del rompeolas. A pesar de ser un objetivo del Plan de Puertos de Cantabria y de haber sido incluido en el proyecto recientemente fracasado, argumentando la necesidad de dicha reparación en la necesidad de cumplir las normas de seguridad ROM (recomendaciones para obras marítimas de la D. G. de Puertos del Estado), ahora se nos anuncia que dicha reparación ni es urgente ni esta prevista la necesaria disposición de fondos para acometer la obra. Más aun, se deja dicha inversión al albur de los hipotéticos beneficios de un puerto deportivo de más que dudosa viabilidad económica. Una auténtica tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, al igual que el hecho de que se justifique el actual abandono de la gestión del puerto con la imposibilidad de llevar a cabo el puerto deportivo. Una vez más, y por sonrojante que parezca, la Plataforma tuvo que recordarle al Sr. Mazón que la gestión y ordenación de los amarres es competencia de su departamento al margen de las obras que pueda o quiera acometer, y que resulta intolerable el estado de abandono al que tienen sometido el puerto con el más que probable fin de inducir la “necesidad” de un puerto deportivo.
Como valoración final (y sin prejuzgar el proyecto que se esta elaborando cuyo contenido se desconoce aún y que el consejero en entrevista radiofónica anunció para finales de este año), la Plataforma lamenta que se desaproveche esta magnífica oportunidad para que, partiendo de un estudio de las necesidades reales y alternativas posibles, se elabore un proyecto de consenso que permita la adecuada ordenación de los usos del puerto con la mínima intervención y alterando en la menor medida posible el paisaje y el ecosistema intermareal, por lo que no se descarta la adopción de medidas legales si el nuevo proyecto lleva aparejada su destrucción, ya que la memoria ambiental del Plan de Puertos de Cantabria establece que las actuaciones propuestas en el Plan de Puertos "evitarán el relleno de zonas intermareales y de marismas, y la ocupación de sistemas de valor ambiental significativo".
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