El cambio de Gobierno que se produjo en las pasadas elecciones al Parlamento de Cantabria ha tenido incidencia directa en el proyecto de construcción del puerto deportivo en Castro, presupuestado en 35 millones de euros y diseñado para albergar 842 amarres. La salida del poder de la coalición PRC-PSOE, promotora de la iniciativa, y la llegada del Partido Popular, que no insiste por el momento en su construcción, dejan en punto muerto un proyecto que, ya desde su inicio, despertó una fuerte oposición en el municipio. El punto culminante de este frente ciudadano fue la concentración de más de 1.200 personas que se desarrolló en la plaza del Ayuntamiento en marzo de 2010.
El 5 de junio de 2008, el Ejecutivo cántabro aprobó mediante decreto el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria, que comprende intervenciones en los puertos de titularidad o gestión autonómica en el periodo 2006-2013. El objetivo es dar respuesta al espacio «sobredimensionado» destinado a las embarcaciones pesqueras y atender a las «nuevas exigencias» para usos deportivos y turísticos. La parte del plan que afecta a Castro se encontró con la oposición de amplios sectores ciudadanos y, en 2007, ecologistas locales solicitaron la anulación del anteproyecto del puerto deportivo al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, petición que fue desestimada.
El plan hace firme la competencia autonómica en varios puertos y subraya que las normas que en él se dispongan tienen el rango de «imperativas». Sin embargo, dado el clamor popular contra el puerto deportivo durante la pasada legislatura, el Ayuntamiento se opuso de manera frontal a su construcción. La Corporación solicitó la creación de una comisión mixta, ante lo que el Gobierno autonómico recordó que las competencias le corresponden de manera «exclusiva». El Consistorio llegó a plantear la celebración de una consulta popular, que fue desestimada por el Consejo de Ministros y sobre cuya legalidad debe posicionarse ahora el Tribunal Supremo, tras el recurso del pleno municipal.
En estos momentos, Castro está a punto de inaugurar la primera fase del proyecto, ya que el parking de Amestoy está incluido en la obra global del puerto deportivo. La construcción de los aparcamientos y la reforma del parque situado en la parte superior no han generado polémicas más allá del retraso de las obras. Es en la reestructuración de la zona marítima donde surge la controversia. Las formaciones políticas e incluso el colectivo ecologista 'Salvar la Bahía', germen del partido CastroVerde, reconocen la necesidad de reordenar la bahía, pero consideran desproporcionada la intervención, que incluso llegó a ser tachada de «faraónica». Su impulsor, el exconsejero de Obras Públicas José María Mazón, respondió que se trataba de una inversión «realista y económicamente beneficiosa».
«Chantaje»
La obra ha bloqueado durante años otro tipo de intervenciones. El Ayuntamiento solicitó al Gobierno autonómico el reforzamiento del rompeolas que protege el litoral del municipio. Pero, desde la Consejería de Obras Pública, se insistió en que los trabajos estaban ligados a la construcción del puerto deportivo. El exalcalde Fernando Muguruza calificó la respuesta de «chantaje».
El nuevo Ejecutivo cántabro no ha aclarado sus intenciones en este asunto. El alcalde de Castro, el popular Iván González, aseguraba recientemente que «no es la época idónea para estos macropoyectos», aunque adelantaba que las obras que se lleven a cabo «se harán con el consenso de los grupos municipales y en sintonía con el Gobierno de Cantabria». Sobre el referéndum indicó que «sería positivo conocer la opinión de los castreños cuando haya un diseño definitivo», y subrayó que el Ejecutivo autonómico «no va a hacer nada a lo que la ciudadanía se oponga».
Fuente: El Correo
No hay comentarios:
Publicar un comentario