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La sentencia del Tribunal Supremo abre la posibilidad
de que los Ayuntamientos consulten sobre asuntos que son competencia de la
comunidad autónoma.
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La Plataforma no promoverá la consulta popular ya
que actualmente
nadie se plantea construir el puerto
deportivo.
La noticia llegaba en vísperas del 32º
aniversario de la consulta popular de Castro Novo: el Tribunal Supremo anula el
acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la petición de consulta popular
del Ayuntamiento de Castro Urdiales. La sentencia supone el final de un largo
camino iniciado por la Plataforma para Salvar la Bahía en defensa de la
voluntad popular, cuyo itinerario ha sido el siguiente:
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Tras un semestre de
movilizaciones por parte de la Plataforma para Salvar la Bahía, el pleno del
Ayuntamiento celebrado el 13 de julio de 2010 rechaza el proyecto de puerto
deportivo con el voto en contra del PRC. Meses antes, en febrero de 2010, se
aprobaba solicitar la celebración de la consulta popular, nuevamente con el
voto en contra del PRC.
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El 17 de septiembre de 2010 el Consejo de
Ministros acuerda desestimar la petición de consulta popular.
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El Ayuntamiento, con los votos en contra de PRC
y PSOE, acuerda recurrir al TS la decisión del consejo de ministros, quien
finalmente estima el recurso del Ayuntamiento y declara la nulidad del acuerdo
del Consejo de Ministros. La consulta popular es legal.
A pesar de las reiteradas peticiones del
Ayuntamiento al Gobierno de Cantabria para que aparcara el puerto deportivo y
aprobara un Plan de Ordenación de la Bahía,
el anterior consejero del PRC, José Mª Mazón, insistió obstinadamente en
mantener el proyecto y ningunear la voluntad popular expresada por el
Ayuntamiento, alegando que la consulta popular sobre el puerto deportivo era
ilegal porque no era de competencia municipal. El anterior Gobierno de
Cantabria ha sido parte activa en el litigio ante el Tribunal Supremo,
aportando informes y pruebas tratando de
demostrar que el Puerto Deportivo no es asunto que pueda someterse a consulta
al ser competencia del Gobierno de Cantabria.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal
Supremo ha dejado en evidencia tanto al
gobierno de la nación como al gobierno autonómico, despachando su estrecha
interpretación de la autonomía local para aportar una visión cargada de
inteligencia jurídica y de sentido común, y que se apoya en el hecho de que un
alcalde pueda convocar a sus vecinos sobre las cuestiones importantes que
afectan a la ciudad aunque no sean de su estricta competencia. Del conjunto de
la sentencia vamos a destacar tan solo un pasaje que ayuda a entender su
alcance jurídico:
“consideramos que el objeto de la consulta municipal
promovida por el Ayuntamiento de Castro-Urdiales, en razón de la singularidad
del emplazamiento elegido para ejecutar el puerto deportivo, en la bahía de la
ciudad, que comporta remodelar la fachada marítimo-terrestre, y que forma parte
del entramado urbano existente entre el Paseo Marítimo y el Malecón, y que
puede calificarse funcionalmente de equipamiento local, atendiendo a las
características que se revelan en el informe del Director de Puertos de
Cantabria de 9 de febrero de 2012, incorporado al ramo de prueba de las
presentes actuaciones, entendemos que quedan afectadas directamente
competencias propias del municipio en materia de seguridad en lugares públicos
y en materia de ordenación urbanística”
Además de
las consecuencias jurídicas, debemos señalar que esta sentencia abre la
posibilidad de que los alcaldes consulten a sus ciudadanos sobre materias que
sean de competencia regional o estatal pero que puedan afectar a competencias
locales. Es decir, la mayoría de los proyectos y planes regionales, incluidos
los controvertidos PSIR'es podrían ser
objeto de consulta popular. Ahora solo falta que los propios alcaldes se animen
a consultar a los ciudadanos, promoviendo una mayor participación ciudadana,
algo que la sociedad demanda insistentemente.
Así pues, la
Plataforma para Salvar la Bahía celebra con entusiasmo esta sentencia por
cuanto tiene de profundización en la democracia local y el respeto de la
voluntad popular, y felicita a los concejales de la anterior legislatura que mantuvieron
la lucidez y la persistencia en ejercer el derecho a consulta, recurriendo al
Supremo para obtener una sentencia que nos demuestra que de vez en cuando hay
justicia en este país.
Castro
Urdiales, a 19 de diciembre de 2012.
