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lunes, 20 de diciembre de 2010

La insoportable contumacia del consejero Mazón

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  • La Consejería de Obras Públicas hace oídos sordos al rechazo suscitado y encomienda su proyecto de puerto deportivo a GESVICAN.
  • El puerto de Castro se encuentra abocado al abandono o a los desmesurados planes del PRC.

Una vez más, y ya vamos perdiendo la cuenta, la Consejería de Obras Públicas vuelve a la carga intentando imponer contra viento y marea su desmesurado proyecto de puerto deportivo mediante la encomienda de gestión a la empresa pública GESVICAN.
Con el convenio firmado el pasado mes de noviembre (publicado en el BOC de 13 de diciembre), la consejería del Sr. Mazón pretende que su proyecto, tras el estrepitoso fracaso cosechado en el concurso de adjudicación y a pesar del rechazo del Ayuntamiento de Castro Urdiales, sea llevado a cabo por dicha empresa pública en el plazo de cinco años (doce para el refuerzo del rompeolas).
Mediante esta argucia legal, el proyecto desahuciado resucita ahora en manos de esta empresa pública adscrita a la propia consejería de Obras Públicas y a cuyo frente se encuentra el Sr. Valentín Pardo, a la sazón miembro del comité ejecutivo del Partido Regionalista de Cantabria, al igual que el consejero Mazón.
De este modo no sólo se burla de nuevo la voluntad de la ciudadanía castreña expresada a través de su Ayuntamiento, sino los mecanismos de control de la sociedad sobre la concesión y ejecución de esta obra pública, ya que será la empresa dirigida por el correligionario y cargo de confianza del Sr. Mazón quien se encargue de la contratación y supervisión de las obras que se lleven a cabo. Todo queda en casa. En casa del PRC, por supuesto.
Al igual que en el concurso que quedó desierto, para sufragarlo se establece en el convenio la cesión a GESVICAN por 40 años de la explotación del aparcamiento de Amestoy y del futuro puerto deportivo, a lo que se añade ahora un pago anual revisable de 120.000 euros en concepto de “gastos directos de gestión”. Pretender que por el mero hecho de adjudicarlo a una empresa pública desparezcan los problemas de financiación es una falacia impropia de una consejería responsable. Pero hecha la ley, hecha la trampa. En la cláusula sexta ya se contempla que si la financiación es inviable, se podrá revisar el convenio. Quiere esto decir que ante la más que probable hemorragia económica derivada de su mala previsión y gestión, la venda saldrá de nuestro bolsillo, de los impuestos de todos.

Puerto deportivo: un proyecto contrario a los principios de desarrollo sostenible
Por si esto fuese poco, el proyecto se perfila ahora a 12 años vista. El puerto se comenzaría dentro de tres años, y su finalización se prevé para dentro de cinco. Al margen de la contrastada insolvencia de las planificaciones de la consejería del Sr. Mazón (véase el ejemplo bien cercano del propio aparcamiento de Amestoy) esto parece indicar que no se acometería la necesaria ordenación de amarres en el puerto castreño hasta al menos dentro de cinco años. Si el motivo de tan faraónica como innecesaria obra era precisamente la urgente reordenación y revitalización del puerto ¿cómo se justifica ahora esta demora? Por otro lado, el imprescindible refuerzo del rompeolas que abriga las instalaciones se llevaría a cabo, si se cumpliesen las previsiones, entre cinco y seis años después de terminado el puerto deportivo. Por expresarlo en términos que comprendan nuestros folclóricos dirigentes regionalistas, esto es lo que se llama poner el carro delante de los bueyes.
Con el convenio firmado, la consejería gobernada por el PRC, insensible a la opinión de los ciudadanos y del Ayuntamiento de Castro Urdiales, insiste de forma contumaz en un modelo de puerto deportivo alejado de las necesidades de la ciudad y absolutamente desproporcionado, especialmente si se tiene en cuenta la coyuntura de contención del gasto público que se dibuja en el horizonte. Un proyecto contrario a los principios del desarrollo sostenible, que apenas generaría empleo, con un elevadísimo coste económico y ambiental, basado en unas expectativas de mercado ficticias y en unos precios de aparcamientos y amarres nada acordes a los tiempos de crisis que vivimos.
Mientras tanto, y gracias entre otros factores al sospechoso abandono al que se ha visto sometida por la Dirección General de Puertos, la ensenada castreña es hoy en día una anarquía de amarres donde la carencia de infraestructuras contribuye significativamente al paulatino desmantelamiento del sector pesquero.
 
PLATAFORMA PARA SALVAR LA BAHÍA DE CASTRO URDIALES
20 de diciembre de 2010

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