La Plataforma para Salvar la Bahía de Castro Urdiales revela nuevas irregularidades en la tramitación del proyecto de Puerto Deportivo
• El actual estudio de viabilidad del anteproyecto no ha seguido el preceptivo trámite de información pública, ni ha sido sometido a informe del Ayuntamiento.
• Estas irregularidades pueden significar la nulidad del procedimiento.
Tal y como se anunció en la asamblea informativa del 23 de abril, la Plataforma para Salvar la Bahía de Castro Urdiales iniciará un contencioso administrativo contra la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, al detectar nuevas irregularidades en el proceso de aprobación del actual anteproyecto de Frente Marítimo-Terrestre del Puerto de Castro Urdiales. En concreto, la Plataforma ha constatado que la Dirección General de Puertos, contraviniendo el artículo 112 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, ha obviado el trámite de información pública al que tenía que someter el estudio de viabilidad del actual anteproyecto, un requerimiento legal obligatorio previo a toda licitación de este contrato, y cuya ausencia puede suponer la nulidad de los trámites realizados hasta la fecha.
Todo el proceso parte del primer anteproyecto de Frente Marítimo-Terrestre de Castro Urdiales, cuyo estudio de viabilidad sí pasó el trámite de información pública en diciembre de 2004. Este anteproyecto comprendía un contrato de Concesión de Obra Pública que abarcaba las obras del aparcamiento subterráneo del parque Amestoy para 911 plazas y del Puerto Deportivo para 690 amarres, por un precio de licitación de 27.196,275,92 €.
Posteriormente, se fracciona este anteproyecto, separando la obra del Aparcamiento (reducido ya a 780 plazas) que se licitaría no ya como un contrato de concesión de obra pública (es decir, financiado por la empresa que habría de hacerse cargo de la concesión del aparcamiento), sino como un contrato de obra enteramente financiado por el Gobierno de Cantabria, y por un importe de 14.537.440,17 €. Ahora, con la licitación de la fase II, se presenta un “Estudio de Viabilidad Actualizado”, con fecha de noviembre de 2009, en el que se utiliza otra vez el procedimiento de Concesión de Obra Pública y en el que ya no está, lógicamente, la ejecución de la obra del Aparcamiento, pero si aparece la concesión del servicio de Aparcamiento, y se incorpora además del puerto deportivo (esta vez con 842 amarres) la reforma del dique Norte (el Rompeolas); el precio de licitación es ahora de 37.059.284,59 €, es decir, más de un 36% de aumento del precio sobre el primer contrato.
Aportaciones injustificadas de dinero público.
Inexistencia de informe municipal.
Según la Plataforma, en modo alguno puede entenderse que esta fase II del Frente Marítimo sea una actualización, pues incorpora obras y servicios que no estaban previstos en la fase I. Pero lo más grave es que en el segundo contrato se añade un buen pellizco de dinero público, los casi 15 millones de euros que le ha costado al Gobierno de Cantabria el Aparcamiento, aportación pública que no queda justificada en el estudio de viabilidad, y que supone una trasgresión del principio del equilibrio económico que debe prevalecer en los contratos del sector público.
La ley obliga a que la administración, en este caso la Dirección General de Puertos, someta a información pública un Estudio de Viabilidad de los proyectos de Concesión de Obra Pública, modalidad de contratación elegida para construir el futuro puerto deportivo. Además, dicho estudio debería obtener el informe del Ayuntamiento de Castro Urdiales, a quien, por otro lado, no se ha enviado ni el proyecto modificado en el año de 2008, ni el nuevo estudio de viabilidad que aparece ahora en el expediente de contratación. Se trata de un informe preceptivo según lo previsto en el art. 112.3 de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
La Plataforma piensa que la Dirección General de Puertos de Cantabria vuelve a hacer trampas en el procedimiento administrativo, inconcebibles en una administración pública, máxime cuando de ello depende el ejercicio de derechos como el de información y participación pública en el procedimiento administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto es incontestable, al considerar el trámite de información pública como esencial en el procedimiento al pender de él derechos fundamentales, además del de información y de participación, el derecho a tutela judicial.
Hace dos semanas la Plataforma para Salvar la Bahía de Castro también reveló irregularidades en el trámite ambiental del Puerto Deportivo, y en breve se hará público un informe sobre las irregularidades urbanísticas observadas en su tramitación. El pasado 19 de abril, la Dirección General de Puertos anunció la ampliación por un mes (hasta el 19 de mayo) el plazo para presentar ofertas para la ejecución de la obra de la fase II del Frente Marítimo. Según la Plataforma, se duda de que haya empresas serias en España que quieran embarcarse en la aventura de invertir más de 37 millones de euros en un proyecto impregnado de inseguridad jurídica.
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