La Plataforma para Salvar la Bahía de Castro Urdiales celebra con cautela la ausencia de ofertas para llevar a cabo el puerto deportivo

                           Hacer click en la imagen para ampliar

· El fracaso del concurso de licitación, que ha quedado desierto, supone el fin de la tramitación del proyecto actual.

· La Plataforma propone buscar una solución de consenso que permita una ordenación razonable y sostenible de la bahía.

El pasado 19 de Mayo terminó el plazo de presentación de ofertas para el concurso de licitación del puerto deportivo de Castro Urdiales, que ha quedado desierto al no haberse presentado ninguna empresa interesada en el proyecto.

La realidad ha dado así la razón a las tesis defendidas por la Plataforma, que había manifestado serias dudas acerca de la viabilidad económica de un proyecto tan desorbitado como alejado de la realidad, además de la dudosa solvencia jurídica de un proyecto plagado de irregularidades en su tramitación.

A juicio de la Plataforma, este hecho debería abrir un nuevo y esperanzador escenario al evidenciarse que no cabe un proyecto de estas características en la bahía castreña. Sin embargo muestran también su preocupación por las declaraciones del Consejero Mazón, quien, tras el revés sufrido, ha salido precipitadamente a la palestra para anunciar su intención de continuar con el proyecto. 

En unas declaraciones que más parecen ser fruto del resentimiento y la improvisación que de una serena reflexión acerca de los verdaderos motivos que han llevado al rotundo fracaso en la licitación del proyecto, se esboza un fraccionamiento del proyecto que carece de credibilidad y que además pretende llevarse a cabo con dinero público proveniente de la gestión del aparcamiento del parque de Amestoy, obra que por otro lado sigue acumulando inexplicables retrasos en su finalización.

Lamentablemente, de este difuso planteamiento parece además desprenderse que entre los planes inmediatos de la consejería no se encuentra la reparación y refuerzo del rompeolas a pesar de su preocupante estado de deterioro.

La Plataforma, lejos de intentar hacer leña del “árbol de la licitación caído”, pretende plantear al consejero de obras públicas la necesidad de buscar una alternativa de ordenación de la bahía que resulte viable y sostenible, razón por la que insta al Sr. Mazón a que, en lugar de empecinarse en el error, reflexione y sea capaz de encontrar una solución dialogada y razonable a un problema que, por otro lado, él mismo ha generado.

Plan Especial de Ordenación de los Usos de la Bahía.

Desde el punto de vista de este colectivo, dicha solución pasa por la elaboración de un Plan Especial de Ordenación de los Usos de la Bahía en el que se contemple este espacio como un recurso natural y económico local, compaginando los distintos usos y prácticas que tradicionalmente ha venido albergando, y que van desde el ocio o el turismo hasta las prácticas deportivas (remo, vela, buceo, etc.) así como las actividades pesqueras tanto en su modalidad deportiva como artesanal o de bajura, dotándolas de las infraestructuras y servicios necesarios. Un plan que debe tener como principios de actuación la integración de la bahía en el marco histórico y monumental de la ciudad y el máximo respeto de sus valores ambientales, entre ellos, la necesidad de proteger el ecosistema intermareal. Entendiendo que la bahía no es sólo un espacio de actividad portuaria sino además un importantísimo recurso local, parece razonable que su futuro deba ser decidido no sólo por la Dirección General de Puertos sino también por el Ayuntamiento de Castro Urdiales en representación de sus ciudadanos.

Finalmente, y dado que la amenaza del puerto deportivo persiste sobre el futuro de la bahía, la plataforma ha anunciado su intención de continuar con sus actividades en pro de uno de sus principales objetivos, que no es otro que lograr una adecuada ordenación que aleje para siempre la amenaza de un proyecto similar al ahora fracasado. De no ser así, este colectivo persistiría en su demanda de llevar a cabo una consulta popular y en la vía judicial como instrumentos para impedir que se lleven a cabo proyectos que dañen irreversiblemente la bahía castreña.